Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz.

Se cumplen 9 años del aniversario la entrada en vigor de las Leyes Mordaza. Estas leyes, la Ley de Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal, han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil a través de la vía penal y administrativa y han enquistado la impunidad de la violencia policial en el Estado español

Las organizaciones impulsoras del manifiesto consideran que la reacción represiva contra la sociedad civil está escalando en el actual ciclo de movilización social, al aplicarse medidas que limitan la capacidad de la sociedad civil para defender sus derechos, organizarse y expresarse.

Una de las metodologías utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos, contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La definición excesivamente amplia e imprecisa de estos en el Código Penal implica graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información.  

Entidades impulsoras: 

Amnistía Internacional, Defender a quien Defiende (DqD), Extinction Rebellion XR, Futuro Vegetal, Greenpeace, Irídia, Novact, No Somos Delito y Rebelión Científica.

POSICIONAMIENTO

Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz.

Estamos siendo testigos de un nuevo ciclo de movilización alrededor del mundo, los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina han inspirado a millones de personas a salir a la calle o a utilizar nuevos canales y plataformas para exigir justicia racial y climática, igualdad, el fin de la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Si bien la movilización ha sido masiva y global, se ha encontrado, sin excepción, con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado.

A consecuencia de esta reacción represiva en la mayoría de países europeos se ha documentado el uso de una serie de medidas que reducen cada vez más el espacio de la sociedad civil y limitan su capacidad para organizarse. Una de las metodologías utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos, contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En el Estado español hemos visto numerosos ejemplos de esta represión, documentando cómo desde la política, la justicia y los medios de comunicación se está llevando a cabo una clara criminalización de la protesta. En vez de facilitar y promover el derecho a la protesta, el Estado español está recurriendo a medidas, cada vez más extremas, para suprimir y restringir los derechos de la sociedad civil.

Por ejemplo, a través de la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organización criminal, dos de los delitos más graves del derecho penal. La definición excesivamente amplia e imprecisa de estos en el Código Penal implica graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información. Con todo, la última reforma del delito de terrorismo en el Código Penal no se ha traducido en una mayor protección frente a las amenazas terroristas, sino en un retroceso de las libertades individuales y colectivas de la sociedad civil.

Ahora que se cumplen 9 años, es importante recordar que esto se refuerza gracias a la aprobación, en 2015, de la Ley de Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como Ley Mordaza- junto con una doble reforma del Código Penal. Estas leyes han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil a través de la vía penal y administrativa y han enquistado la impunidad de la violencia policial en el Estado español.

Estas acusaciones no son ni nuevas ni un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia global al alza. En 2023, se puso en evidencia, cuando la última memoria del Fiscal General del Estado (2022) clasificó las acciones de los movimientos antifascista, ecologista e independentista catalán en la sección de “terrorismo nacional.”1 Asimismo, el último informe anual de la Europol sobre la situación del terrorismo en la Unión Europea (2023), incluyó los movimientos independentistas catalán y vasco como terroristas.

La aparición de estos movimientos en ambos informes legitima ciertos discursos emitidos desde tribunas políticas, medios de comunicación o redes sociales, en los que se define, por ejemplo, a activistas ecologistas como “eco-terroristas”. En este sentido, Michel Forst, Relator Especial de la ONU para los Defensores Medioambientales bajo el Convenio de Aarhus, ha recomendado a los Estados que tomen medidas inmediatas para contrarrestar los discursos que presentan a los defensores del medio ambiente y a sus movimientos como criminales.

Asimismo, recibimos indignadas cómo los activistas contra la islamofobia Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir fueron deportados a Marruecos después de vivir 30 años en el Estado español bajo la acusación que ambos rechazaron rotundamente.

En la actualidad, el caso más grave –que no el único– es la investigación de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra el movimiento catalán de Tsunami Democràtic. La acusación contra este movimiento pacífico supone un ataque directo a los derechos fundamentales de todas las personas que en 2019 salieron a la calle y ejemplifica, una vez más, la aplicación extensiva del Código Penal, que penaliza indebidamente la protesta y la desobediencia civil.

Denunciamos esta tendencia, que permite que el mal uso del término “terrorismo” se haya banalizado y se haya convertido en una herramienta punitivista y ejemplarizante contra la movilización social masiva, para prevenirla y silenciarla. Cada día, el número de casos aumenta
y, en la actualidad, más de medio centenar de personas de cuatro movimientos (Tsunami Democràtic, Futuro Vegetal, colectivo ‘Defensem Palestina 7F’ y activistas sindicalistas en solidaridad con las personas encausadas el 1 de mayo de 2022) están siendo investigadas, acusadas de delitos de terrorismo, organización o grupo criminal.

Investigar por terrorismo u organización criminal a un movimiento social o político con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación que restringe el espacio de la sociedad civil, que no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democráticos y del estado de derecho.

Asimismo, el Código Penal del Estado español va en contra de las normas internacionales que definen y restringen cuando un acto se puede considerar terrorista; circunstancias que no concurren en las causas abiertas contra los movimientos mencionados.

Esta criminalización tiene un efecto disuasorio y desmovilizador en toda la sociedad, porque en definitiva persigue el mecanismo mediante el cual todo tipo de colectivos y organizaciones, ya sean de carácter sindical, ecologista, independentista, antirracista o de cualquier otro tipo de lucha social, defienden sus derechos y libertades.

Como personas y organizaciones que trabajamos a favor de una sociedad más justa y que consideramos el derecho a la protesta como un mecanismo esencial para conseguir cambios sociales, exigimos que se tomen las medidas necesarias para frenar el uso de acusaciones de terrorismo u organización criminal contra movimientos sociales y políticos y que se retiren todas las imputaciones.

Por ello, exigimos que se deje de utilizar esta definición vaga para criminalizar la protesta y que se reforme el Código Penal para adecuar la definición de los delitos de terrorismo u organización criminal a los que establecen los estándares internacionales.